Leandro vs.El Estado de Carolina del Norte
Existe una disparidad en el acceso y la calidad de la educación entre las comunidades de bajos ingresos y las comunidades más ricas, y el financiamiento que respalda estos sistemas. Desafortunadamente, este problema atraviesa comunidades a lo largo de los Estados Unidos.
En Carolina del Norte en 1994, este asunto salió a la luz en lo que se llama el caso Leandro vs.el Estado de Carolina del Norte. A continuación es una de las Leandro vs NC – Caso de Escuelas Públicas y las esperanzas de cambio que traerá este veredicto.
Leandro vs. NC-Public School Forum of North Carolina
En 1994, cinco distritos escolares en condados de baja riqueza junto con familias presentaron una demanda contra el estado (Leandro vs.State of North Carolina) argumentando que sus distritos escolares no tenían suficiente dinero para proporcionar una educación igualitaria a sus hijos, a pesar del hecho de que gravaban a sus residentes por encima del promedio. Veinticinco años después, el caso de Leandro sigue siendo uno de los mayores problemas de política educativa en Carolina del Norte, y esos condados-Hoke, Halifax, Robeson, Vance y Cumberland — que se encontraban entre los más bajos financiados en el estado, permanecen en la parte inferior de nuestra clasificación en términos de su capacidad para apoyar a las escuelas públicas por alumno.
En dos ocasiones, el Tribunal Supremo ha dictaminado (1997, 2004) que Carolina del Norte tiene la obligación constitucional de garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación básica sólida que incluya maestros y directores competentes y bien capacitados, así como un acceso equitativo a recursos suficientes. Nuestra investigación, sin embargo, ha demostrado que nuestro estado sigue sin cumplir con esa obligación constitucional, como afirman los fallos de Leandro.
Para leer el artículo completo, haga clic aquí: https://www.ncforum.org/leandro/
Hasta la fecha, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes está respaldando los proyectos de ley 1129 y 1130. Estas dos medidas, a su juicio, ayudarán al Estado a cumplir con su obligación, proporcionando una educación equitativa y sólida a los niños de Carolina del Norte. Se estima que el financiamiento adicional que se necesita del Estado costará 4 427 millones el próximo año escolar, según los abogados en el caso de larga data.