| Editor | Minority Rights Group International |
| Fecha de publicación | Mayo 2018 |
| Cite as | Minority Rights Group International, Directorio Mundial de Minorías y Pueblos Indígenas – Perú : Aymara, mayo de 2018, disponible en: https://www.refworld.org/docid/49749ccbc.html |
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Perfil
La población aymara se estima entre 500.000 y 600.000. La mayoría vive en pequeñas ciudades, aldeas y comunidades rurales y son principalmente pequeños agricultores que también pueden trabajar en otros lugares como jornaleros durante parte del año. Mientras que en el campo la mayoría de los hombres hablan español, muchas mujeres, que rara vez tienen ocasión de viajar a la ciudad, pueden ser monolingües en aymara. El lenguaje y la vestimenta se consideran importantes para preservar la cultura tradicional. El concepto quechua de pachakuti, un cambio de mundo/tiempo (pacha), tiene la posibilidad de un tiempo en el que el orden precolonial, actualmente bajo la tierra, regresará al poder (kuti). Esta creencia es una fuente de inspiración para las organizaciones indígenas quechuas y aymaras. La mayoría de los aymaras de Perú viven en la región sur andina de Puno. Su forma de vida es en muchos sentidos similar a la de los quechuas, pero han sufrido menos a manos de Sendero.
Contexto histórico
Los aymaras fueron conquistados a mediados del siglo XV e incorporados al imperio Inca. Durante el dominio colonial español, muchos aymaras fueron explotados como fuente de trabajo en granjas, minas y dentro de los hogares españoles. Los aymaras comenzaron a rebelarse contra el dominio colonial español en 1780 y continuaron haciéndolo hasta que se declaró la independencia peruana en 1821.
Las mujeres aymaras se han vuelto activas en organizaciones de barrios de chabolas; también hay programas de radio locales dirigidos por mujeres. Estos están dirigidos principalmente a los migrantes y debaten temas como el terrorismo, la violencia doméstica y la discriminación económica, y advierten sobre la venta de anticonceptivos inseguros y fertilizantes agrícolas. En 2001, una mujer aymara de Puno, Paulina Arpasi, ganó un escaño en las elecciones al Congreso, convirtiéndose así en la primera mujer líder indígena en el Congreso peruano.
Temas de actualidad
Muchos aymaras rechazan la educación bilingüe, protestando por la necesidad de una mejor educación en español para progresar y enfrentar el racismo de la sociedad peruana dominante. Muchos prefieren que sus hijos hablen español en lugar de su lengua materna, y ha habido debates vociferantes entre las ONG locales y los intelectuales indígenas sobre el tema.
El Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos (INDEPA) es una institución estatal multicultural que incluye representantes aymaras. Sin embargo, hasta el momento no ha podido conseguir cambios legislativos o constitucionales importantes. Los derechos colectivos a la tierra siguen siendo una demanda importante de las organizaciones indígenas en Perú, pero no se han hecho revisiones fundamentales a las políticas neoliberales instituidas durante el régimen de Fujimori. Estos incluyen la eliminación de la inalienabilidad e indivisibilidad de las tierras comunales indígenas, con un progreso lento o escaso en las reclamaciones de títulos de propiedad de la tierra, además de una postura general a favor de las industrias extractivas.
Un tema clave para el pueblo aymara es el estado gravemente contaminado del Lago Titicaca, que se extiende a ambos lados de la frontera con Bolivia. Las aguas residuales de las ciudades y pueblos vecinos no se tratan, y los estudios han demostrado que el agua y los peces están contaminados con altos niveles de mercurio, cadmio, zinc y cobre.
En julio de 2017, un juicio contra 18 líderes comunitarios aymaras concluyó con la retirada de los cargos contra todos, excepto Walter Aduviri, que fue condenado a 7 años de prisión y una multa masiva. Inicialmente, un centenar de activistas estaban siendo investigados, luego de su participación en las protestas del ‘Aymarazo’ de 2011 contra la mina de plata de Santa Ana, propiedad de la corporación minera canadiense Bear Creek. Las protestas se referían a la amenaza de daños ambientales y contaminación del agua, así como a la falta de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades aymaras. El gobierno canceló el contrato, lo que dio lugar a una demanda de arbitraje prolongada por parte de la empresa. Los cargos iniciales contra los líderes comunitarios, con sentencias de hasta 28 años de prisión, sin embargo, pusieron de relieve la postura favorable a la extracción del gobierno.
Actualizado en mayo de 2018